Recensión a la obra de Sánchez Gómez

May 5, 2021 | Reseñas

Recensión a la obra: «Emisión, reconocimiento y ejecución de la orden europea de investigación». Wolter Kluwers, Madrid 2020.

José Antonio Varela González. Intendente de la Ertzaintza. Profesor de Criminología

La obra del profesor SÁNCHEZ GÓMEZ, «Emisión, reconocimiento y ejecución de la orden europea de investigación«, Wolter Kluwers, Madrid, 2020, se corresponde con un trabajo riguroso y meditado sobre las posibilidades que la normativa analizada permite en relación con las investigaciones penales transfronterizas. La necesidad de la obra para con el mundo académico, pero también desde la perspectiva de la operativa policial es notoria.

Desde la praxis policial, no es raro ver en los medios de comunicación noticias en las que el objeto de atención no es un delito en sí mismo si no las dificultades que se han añadido para su resolución por problemas competenciales entre los distintos cuerpos policiales que han actuado en su resolución. Tradicionalmente las relaciones entre los cuerpos policiales siempre han sido complejas. Problemas de celos competenciales y subculturas policiales a veces distintas lo complican. Si este problema nacional lo elevamos al ámbito internacional, la complejidad se hace exponencial. Esto en una sociedad como la actual, en la que los delincuentes se mueven cada vez más a nivel de verdaderas organizaciones criminales trasnacionales y utilizando medios como internet que trascienden cualquier frontera, hacen imprescindible que la cooperación policial abarque no sólo la de las propias naciones (lo cual muchas veces ya es complejo) sino que los distintos Cuerpos Nacionales de Policía operen y colaboren también de forma ordinaria en los distintos países, ajustando su actuación tanto a las normas de coordinación que existan como las de los propios países en que se opera.

De ahí la importancia de que a nivel europeo exista una legislación penal y procesal que ampare y de garantías a las actuaciones de las distintas policías, como la que analiza certeramente el Profesor Sánchez Gómez en su obra, para que todas esas actuaciones se adecuen al principio de legalidad y territorialidad y no den lugar a posibles nulidades procedimentales, puesto que las mismas siempre estarán bajo el control de las autoridades europeas y nacionales.

A tal fin, la orden europea de investigación será una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro («el Estado de emisión») para llevar a cabo una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro («el Estado de ejecución») con vistas a obtener pruebas.

Asimismo, es necesario poner de relieve el carácter novedoso de la temática seleccionada, resultando ser la primera monografía que desarrolla de manera integral la materia objeto de análisis, editada incluso antes de la efectiva transposición al ordenamiento jurídico español de la normativa comunitaria correspondiente.

De esta forma, desde la perspectiva formal la monografía consta de cuatro capítulos y una introducción, mientras que desde una perspectiva material se divide en dos bloques bien diferenciados, donde es posible también distinguir otros dos subapartados.

Por un lado, se analiza la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal en relación con el régimen general de aplicación previsto para los supuestos de investigaciones transfronterizas y cómo se configuran las relaciones entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y ejecución, así como respecto del desarrollo de las especificas medidas de investigación reguladas en el citada instrumento normativo. Entre estas destacan por su especial interés policial para con investigación penales especialmente complejas, las medidas que implican la obtención de pruebas en tiempo real, la afectación de telecomunicaciones o las propias intervenciones policiales en modalidad encubierta, entre otras. El régimen específico de aplicación de tales medidas se configurar sobre la base de garantizar los resultados que pudieran sucederse de su practicidad, así como en el aseguramiento real y efectivo de la eficacia procesal de éstos. En otras palabras, la citada Directiva ha supuesto un importante avance en materia de cooperación policial y judicial sobre  el principio del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. Se sientan unas bases sólidas que permitirán una razonable armonización basada en la interactuación entre los órganos competentes en materia de investigación de los diferentes Estados miembros. Más aún si se tiene presente la finalidad de desarrollar un instrumento que permita atenuar las ventajas que la estructura organizativa de la criminalidad que presenta ramificaciones transfronterizas dispone. Junto a lo anterior, se promueve la cultura del reconocimiento mutuo de las resoluciones en las que se plasman los resultados obtenidos en una investigación desarrollada por un Estado miembro, que desplegará sus efectos en el territorio de otro Estado miembro, en principio, con plena validez jurídica. En otras palabras, se diseña un auténtico procedimiento supranacional para la obtención transfronteriza de material probatorio.

Por otro lado, se analiza la transposición de los anteriores argumentos a la normativa española, mediante la tardía promulgación de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, introduciéndose los arts. 186 a 223 en el citado cuerpo normativo. Dicho análisis se produce tomando como referencia los anteriores parámetros previstos en la Directiva para valorar dos bloques diferenciables. Un primer bloque que sitúa a España como Estado de emisión de una orden europea de investigación, que desarrolla tanto el régimen general de emisión como las especificas medidas de investigación que se interesa implementar conforme la norma española, y muy particularmente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un segundo bloque, sitúa a España como Estado de ejecución a los efectos de llevar a efecto una orden europea de investigación solicitada por un Estado miembro, para lo cual debe producirse el adecuado control de la autoridad española competente sobre el recorrido y practicidad que podrán disponer las medidas solicitadas.

A modo de conclusión, quiero señalar que cada vez son más necesarias obras de este tipo que aporten conocimiento que se transforma inmediatamente en seguridad en la intervención policial. Si debido a lo profuso de la legislación penal y procesal que tenemos que aplicar de ordinario en España, interpretada muchas veces de forma incluso contradictoria por los órganos judiciales, la duda de legalidad surge en algunas ocasiones a tenor de abordar determinadas actuaciones policiales, la incertidumbre que nace si el ámbito en el que nos movemos es el internacional es enorme. Y la única luz que va a disipar esas sombras es la que sale del estudio y especialización de los profesionales de la policía y el resto de los operadores jurídicos implicados, como la que brota de la obra del Profesor Sánchez Gómez.

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